Sala de historia ;la ley maldita de videla.
Esa ley maldita.
En 1946 Gabriel González
Videla ganó las Elecciones y con esto se convirtió en el tercer
presidente de tendencia radical en gobernar el país de manera seguida,
como lo hiciera Pedro Aguirre Cerda en 1938 gracias al apoyo del
Movimiento Nacional Socialista de Chile, votos que le permitieron
obtener el triunfo del Frente Popular después de la Masacre del Seguro
Obrero. Gracias al apoyo del Partido Comunista, que para esa época se
perfilaba como la tercera fuerza política dentro de nuestras fronteras,
llegando a captar un 16,5% del electorado en las Municipales de 1947.
Gracias a ello, el primer gabinete del Presidente estuvo formado por
tres Ministros Comunistas. Para entender este problema debemos abocarnos
a una época floreciente para la división del mundo en vísperas del
inicio de la Guerra Fría, comunistas y socialistas llamaban a romper
relaciones con EE.UU. y luchaban por ampliar sus influencias en el
gobierno, lo que los llevó a oponerse sistemáticamente a las políticas
impulsadas por el Presidente, a pesar de la representación que en el
gabinete tenían tres de sus más destacados militantes. Es por ello, que
González Videla debió formar un nuevo gabinete excluyendo a los
comunistas e integrando a miembros de las Fuerzas Armadas. El partido
comunista respondió ante esto realizando masivas protestas y paros,
particularmente en la zona del carbón, intentando forzar de esta manera
el cambio de dirección del poder ejecutivo. El presidente respondió
con el uso de facultades extraordinarias, y convocó al Ejército para
controlar los focos subversivos.
Para abril de 1948, durante una Asamblea Radical efectuada en la ciudad de Valparaíso, el Presidente anuncio el envío de un Proyecto de Ley en contra el comunismo. El proyecto de ley introducía modificaciones a la ley Nº 6.026 Sobre seguridad interior del Estado, a la Ley Nº 4.554 de Inscripciones Electorales y Municipales, a la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, al Código Orgánico de Tribunales y al Código del Trabajo, prohibiendo la existencia, acción y propaganda del Partido Comunista. Impedía también, el ingreso a sus filas e imposibilitaba a sus militantes ejercer sus derechos ciudadanos y sindicales, en resumen no era un buen momento para ser comunista.
Durante su presentación en la Cámara de Diputados, el Ministro del Interior, Manuel Holger dijo:
"El Proyecto al convertirse en Ley de la República permitirá evitar que nazcan o se mantengan organizaciones o partidos destinados a atentar contra nuestra organización constitucional, ya que se les priva de toda existencia, de toda posibilidad de acción, tanto en lo político, administrativo, económico y social, situación que se hace extensiva a sus afiliados o adherentes”.
Al interior del Partido Conservador, del Partido Radical y del Partido Socialista, la discusión del proyecto fracturo sus estructuras, al punto de terminar por provocar la ruptura y el nacimiento de tres nuevos partidos surgidos de los anteriores. Esta ley vulnero la más elemental concepción de democracia cristiana, ignorando los límites de eficacia que puede tener una ley, ya que su aplicación provocaría más vicios que virtudes.
La Ley Maldita dividió al Partido Conservador, de cuyas juventudes nacería la Falange de clara inspiración fascista, por su parte, en el Partido Socialista y pese a que muchas veces los socialistas habían sostenido duras y hasta violentas pugnas con los comunistas, una corriente encabezada por Eugenio González, Raúl Ampuero y Salvador Allende, se opuso tajantemente al proyecto, por considerar a los comunistas como sus hermanos de clase, frente a la lucha contra la “opresión capitalista”. Gracias a la aprobación de “Ley de Defensa Permanente de la Democracia”, el Partido Comunista fue borrado de los Registros Electorales, no pudiendo sus ex militantes ejercer sus derechos ciudadanos de elegir y ser elegidos. El Partido es declarado ilegal, se clausura su diario y se confiscan sus bienes.
Esta imposición legal permaneció vigente durante 10 años, hasta que en 1958, durante los últimos meses del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, fue derogada.
¿Pero realmente fue así?
Artículo 8º de la Constitución de 1980, que prescribía una norma restrictiva del pluralismo político e ideológico señalando:
Artículo 8º. Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.
Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales. El requerimiento se fundaba en actuación de organizaciones de izquierda que profesaban la doctrina marxista leninista, una doctrina que propugna la violencia como método válido de acción política, doctrina que además se sustenta en una concepción de la sociedad, del Estado y del orden público de carácter "totalitario" y que realizan actos sistemáticos de propagación de la doctrina marxista-leninista. En 1989 y gracias al Plebiscito se reformo la Constitución del 80 y el Artículo 8º fue derogado. Con ello se permitió nuevamente la inscripción del Partido Comunista. El fin de la maldición de los malditos.
SI TE PARECIO INTERESANTE AGRADECELO Y POSTEA.
ATTE.
CROVERT.
Para abril de 1948, durante una Asamblea Radical efectuada en la ciudad de Valparaíso, el Presidente anuncio el envío de un Proyecto de Ley en contra el comunismo. El proyecto de ley introducía modificaciones a la ley Nº 6.026 Sobre seguridad interior del Estado, a la Ley Nº 4.554 de Inscripciones Electorales y Municipales, a la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, al Código Orgánico de Tribunales y al Código del Trabajo, prohibiendo la existencia, acción y propaganda del Partido Comunista. Impedía también, el ingreso a sus filas e imposibilitaba a sus militantes ejercer sus derechos ciudadanos y sindicales, en resumen no era un buen momento para ser comunista.
Durante su presentación en la Cámara de Diputados, el Ministro del Interior, Manuel Holger dijo:
"El Proyecto al convertirse en Ley de la República permitirá evitar que nazcan o se mantengan organizaciones o partidos destinados a atentar contra nuestra organización constitucional, ya que se les priva de toda existencia, de toda posibilidad de acción, tanto en lo político, administrativo, económico y social, situación que se hace extensiva a sus afiliados o adherentes”.
Al interior del Partido Conservador, del Partido Radical y del Partido Socialista, la discusión del proyecto fracturo sus estructuras, al punto de terminar por provocar la ruptura y el nacimiento de tres nuevos partidos surgidos de los anteriores. Esta ley vulnero la más elemental concepción de democracia cristiana, ignorando los límites de eficacia que puede tener una ley, ya que su aplicación provocaría más vicios que virtudes.
La Ley Maldita dividió al Partido Conservador, de cuyas juventudes nacería la Falange de clara inspiración fascista, por su parte, en el Partido Socialista y pese a que muchas veces los socialistas habían sostenido duras y hasta violentas pugnas con los comunistas, una corriente encabezada por Eugenio González, Raúl Ampuero y Salvador Allende, se opuso tajantemente al proyecto, por considerar a los comunistas como sus hermanos de clase, frente a la lucha contra la “opresión capitalista”. Gracias a la aprobación de “Ley de Defensa Permanente de la Democracia”, el Partido Comunista fue borrado de los Registros Electorales, no pudiendo sus ex militantes ejercer sus derechos ciudadanos de elegir y ser elegidos. El Partido es declarado ilegal, se clausura su diario y se confiscan sus bienes.
Esta imposición legal permaneció vigente durante 10 años, hasta que en 1958, durante los últimos meses del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, fue derogada.
¿Pero realmente fue así?
Artículo 8º de la Constitución de 1980, que prescribía una norma restrictiva del pluralismo político e ideológico señalando:
Artículo 8º. Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.
Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales. El requerimiento se fundaba en actuación de organizaciones de izquierda que profesaban la doctrina marxista leninista, una doctrina que propugna la violencia como método válido de acción política, doctrina que además se sustenta en una concepción de la sociedad, del Estado y del orden público de carácter "totalitario" y que realizan actos sistemáticos de propagación de la doctrina marxista-leninista. En 1989 y gracias al Plebiscito se reformo la Constitución del 80 y el Artículo 8º fue derogado. Con ello se permitió nuevamente la inscripción del Partido Comunista. El fin de la maldición de los malditos.
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